Análisis en perspectiva de Derechos Humanos del Convenio sobre Seguridad Social entre la República de Colombia y el Reino de España

El presente artículo pretende mostrar cómo se origina en el Derecho Internacional Público el proceso de integración seguridad social y su impacto jurídico en los Derechos Humanos. El marco contextual para desarrollar este trabajo lo constituye el convenio internacional entre la República de Colombia y el Reino de España. El trabajo realiza un análisis, así como un recuento de la realidad histórica y política en el que se originó el convenio. Este análisis y documentación histórica permite mostrar que el proceso de acercamiento político se genera con miras a garantizar la protección de los Derechos Humanos a través de la seguridad social. No obstante, la vigencia y buena disposición del Estado colombiano y del Estado español, resulta desconcertante que el proceso de integración en seguridad social no sea muy efectivo para los ciudadanos de ambos Estados. Principalmente, la efectividad o eficacia no se observa, ya que los escasos registros estadísticos permiten inferir que los mecanismos de promoción del convenio no han sido acogidos como de primera necesidad en las agendas políticas nacionales. Así, el presente trabajo da por sentada la hipótesis de que existen razones fundadas para atribuir a los gobernantes de turno el éxito o fracaso de los intentos de integración en seguridad social en el convenio. Para el desarrollo del tema, este trabajo se encuentra dividido en tres capítulos. El primero da cuenta de cuáles fueron los antecedentes sociales en Colombia previos a la suscripción del convenio. En el segundo, se presentan las disposiciones normativas que se consagraron en el convenio y, en el tercero, se realiza un análisis de los resultados de aplicación de este convenio desde lo acontecido en Colombia. Finalmente, este trabajo concluye con que el proceso de integración encuentra barreras administrativas y logísticas que no cautivan el interés de sus ciudadanos para hacer efectivo la convalidación de las semanas de cotización pensional. Estas barreras se presentan en la poca eficiencia de los funcionarios del Estado encargados de adelantar los trámites una vez se interpone la solicitud. Todas estas imperiosas razones no permiten hablar de una protección de los Derechos Humanos a través de la seguridad social.