Exijo explicaciones

Una expulsión migratoria es una sanción administrativa que, al igual que las penales, refleja el poder punitivo estatal. Al llevar a cabo esta medida, se exige el respeto por las garantías del debido proceso. En particular, es esencial que las autoridades estatales cumplan con el deber de motivar las decisiones de expulsión, ya que su observancia permite al migrante afectado entender las razones que justifican su dictado, demostrar que sus alegaciones han sido consideradas y ejercer su defensa. El artículo propone inicialmente analizar el abordaje del deber de motivar en el marco de los procedimientos de expulsión desde una perspectiva internacional, tratando los desarrollos de la doctrina y de los tribunales en materia de derechos humanos. Seguidamente, examina la ponderación de esta garantía en Argentina. Por último, partiendo de casos concretos, refleja la puesta en práctica de este deber a nivel nacional, por parte de la Dirección Nacional de Migraciones y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Su objetivo es demostrar el déficit de estas dos instituciones en la observancia de esta garantía y con relación a los lineamientos internacionales.