Prácticas de comunicación del Estado en la gestión de políticas públicas para la infancia y la adolescencia. Análisis de caso del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia

Fil: Pérez, Sergio Eduardo. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Humanidades; Argentina. Este proyecto de investigación surgió a partir de la existencia y objetivos a los que apunta la Ley 26.061, y su decreto reglamentario de octubre de 2005, que creó el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (en adelante SENAF), un Consejo Federal de Infancia, además de la asignación como órgano de aplicación de dicha ley a organismos preexistentes o a crearse. La ley con este sistema apunta a establecer los medios a través de los cuales se asegura el efectivo goce de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, demás tratados de derechos humanos ratificados por el Estado argentino. De ahí la importancia de la dimensión comunicacional de ese sistema como un conjunto de procesos de construcción de significación y de sentidos en la gestión de políticas públicas. Conformando el Sistema de Protección de Derechos se encuentran diversos actores sociales, gubernamentales y no gubernamentales relacionados en la gestión de políticas públicas. La ley explícitamente establece en su articulado el derecho a la comunicación e información. Indica claramente que los organismos del Estado deben garantizar campañas permanentes de difusión y promoción de sus derechos dirigidos a la comunidad a través de los medios de comunicación social. Uno de los niveles del sistema es el provincial por lo cual se crea el Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia (en adelante COPNAF). Sin embargo, su implementación no ha contemplado disponer al mismo tiempo de políticas específicas que planifiquen sus prácticas y actividades de comunicación, que colaboren en la difusión, comprensión y ejercicio pleno y efectivo de los derechos. Las políticas públicas son prácticas, es decir constituyen actividades interconectadas, situadas, históricamente construidas y condicionadas en su trayectoria. Su significación y propósito deriva de las posibilidades efectivas de encuentro y participación de los diferentes actores involucrados –con sus propios intereses, visiones y poder- y no solo de la implementación de regulaciones y órdenes estructurales. Ello supone la necesidad de planificar los cursos de acción en la gestión de la política pública, incluyendo la comunicación como una práctica en su faz instrumental e interaccional. En el artículo 29°, la ley al aludir al principio de efectividad, estableció que esos organismos deberán adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de otra índole (el subrayado es del autor), entre ellas prácticas de comunicación, para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos y garantías reconocidos. De esta manera comunicar los derechos y garantías es una actividad que debe desarrollarse en el funcionamiento del sistema de protección. Los estados provinciales, entre ellos el de Corrientes con similitudes y diferencias a otros estados, atraviesan procesos de implementación del sistema, adecuaciones legislativas y aprendizajes a partir de la ley nacional. Las prácticas de comunicación del COPNAF, como parte de este sistema, son abordados en este trabajo como evidencia empírica en un estudio de caso, al efecto de dar cuenta del valor y la necesidad de visibilizar la dimensión comunicacional de la política pública. Los propósitos de este proyecto son: • Describir las prácticas de comunicación en la efectivización de dichos derechos, como parte de las acciones de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes; • Revalorizar esas prácticas comunicativas, y • Reconocer a esas prácticas como procesos de aprendizajes de los diferentes actores en la dinámica de reconfiguración permanente del sistema.