La capacidad estatal coercitiva para contener el desplazamiento forzado intraurbano causado por actores criminales. El caso de la ciudad de Medellín en el periodo 2020-2021

Fil: Montoya, Evelin M. Universidad Nacional de Quilmes; Argentina. Esta investigación aborda el desplazamiento forzado intraurbano (DFI) a través del caso de la ciudad de Medellín (Colombia) en el periodo 2020-2021. El desplazamiento forzado en Colombia ha sido históricamente asociado a la guerra interna y entendido como una migración coaccionada intermunicipal (de un municipio a otro) o del campo a la ciudad, pero en los últimos años ha cobrado mayor relevancia su análisis en entornos urbanos —donde la ciudad de origen y de destino es la misma— y como producto de la injerencia de organizaciones delincuenciales que no son reconocidas como actores del conflicto armado que vive el país hace varias décadas. De ahí que el objetivo de la investigación sea aportar elementos conceptuales y empíricos para poner a prueba la hipótesis según la cual el desplazamiento forzado intraurbano es el resultado de una insuficiente capacidad coercitiva del Estado en territorios urbanos periféricos, es decir, de la incapacidad institucional para contrarrestar el poder de organizaciones delincuenciales que usan esta práctica como forma de control territorial. Las variables centrales del estudio serían, por lo tanto, el desplazamiento forzado intraurbano y la capacidad estatal coercitiva. El tema, con tal perspectiva conceptual, no ha sido abordado de forma amplia hasta ahora en la literatura académica. El análisis de la capacidad coercitiva suele asociarse, con una concepción weberiana, a la supervivencia del Estado como detentador del monopolio legítimo de la violencia en un territorio dado y, de forma recurrente, tal supervivencia es vista exclusivamente como dependiente del poder militar; sin embargo, en este caso se aborda la institucionalidad local en articulación con organismos nacionales, entendiendo que la seguridad ciudadana, en el caso colombiano, es una responsabilidad que no solo le compete a instituciones nacionales como la Fiscalía General de la Nación —ente acusador e investigador— la Rama Judicial, la Policía Nacional o el Ministerio de Defensa, sino también a las autoridades locales que tienen recursos financieros, administrativos, políticos y humanos para atender problemas públicos relacionados con la protección de la vida, la integridad, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos frente amenazas como la criminalidad. La metodología usada es un estudio de caso con una combinación de técnicas cualitativas (análisis de relatos de víctimas, textos institucionales y normas jurídicas) y cuantitativas (estadística descriptiva con bases de datos de víctimas, judicializaciones y grupos delincuenciales). Así, se propone una nueva forma de abordar un problema público como el DFI relacionándolo con la gestión de la seguridad a nivel local y sus deficiencias. Dicho de otra forma, con el cruce de estas fuentes y métodos se pretende describir el fenómeno y el problema público construido en torno a este, comprender cómo ha sido atendido por la institucionalidad y relacionar la evidencia empírica con los postulados conceptuales señalados en función de la hipótesis de la investigación.